Las diputadas Dolores Padierna Luna, de Morena, y Olga Sosa Ruíz, del PES, enviaron desde el Congreso federal un exhorto al gobernador del Estado de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, y le piden: cesar todos los actos de criminalización de la protesta social, a concluir con el injusto encarcelamiento de la abogada Susana Prieto Terrazas así como a garantizar su vida, integridad y derechos humanos.
Acusaron desde el Congreso Federal al gobierno de Tamaulipas de actuar por venganza política, con abuso de poder, en contra de la abogada y de los trabajadores que protestan en Tamaulipas.
El pasado 8 de junio fue detenida en Matamoros, Tamaulipas la abogada laboralista y defensora de los derechos humanos Susana Prieto Terrazas en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por un juez de control radicado en esa misma ciudad.
Explicaron en la propuesta enviada al Pleno del Congreso, que la defensora de los derechos de las y los trabajadores, encabezó a inicios del año2019 el movimiento denominado 20/32 que ha sido calificado como el movimiento obrero más grande en décadas que ha ocurrido en Matamoros, Tamaulipas en el que trabajadores de casi un centenar de empresas manufactureras consiguieron un aumento salarial del 20 por ciento y un bono único de 32 mil pesos
“En todos los delitos que se le imputan a la defensora de derechos humanos, quien se ostenta como víctima es una institución del propio Gobierno del Estado, es decir, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como algunos de sus trabajadores, por lo que al no existir víctimas físicas de esos supuestos delitos, las acusaciones se traducen en una venganza política por la presión y las denuncias que la propia abogada ha realizado públicamente contra la Junta Local, contra la Secretaría del Trabajo y contra el propio Gobernador del Estado”, señalaron.
“Miles de trabajadores de Tamaulipas están recibiendo criminalización de la protesta social, persecución política y penal, despidos masivos sin protección legal, amenazas y actos de intimidación por parte de líderes “charros”, quienes actúan con total complacencia de las autoridades locales (de Tamaulipas)”, aseguró Padierna.
No podemos permitir ni consentir, añadieron, que el autoritarismo, la criminalización de la protesta social, la fabricación de delitos, la venganza política, el uso faccioso del derecho y la desviación del poder público sigan siendo una práctica común en nuestro país, no podemos aceptar que se utilicen a las instituciones del estado para “castigar” a quienes disienten, a quienes reclaman sus derechos, a quienes evidencian los abusos y las complicidades del poder público.
“No podemos permitir que se persiga a defensoras y defensores de derechos humanos por hacer uso de sus derechos constitucionales y por denunciar los abusos del poder”, señaló Padierna en el oficio enviado al Congreso Federal.
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