REYNOSA, TAMPS.– El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está sujeto hoy a dos investigaciones legales: una en México, relacionada con el caso Lozoya; la segunda, en Estados Unidos y la lleva la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especializada en crímenes trasnacionales.
En México, al mandatario estatal se le señala por su presunta participación en los sobornos provenientes de Odebrecht que se entregaron a integrantes de la LXII Legislatura para comprar votos a favor de la Reforma Energética. Los señalamientos en su contra están en la acusación presentada por Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual el exdirector de Pemex señala a un grupo de legisladores panistas de esa Legislatura –entre ellos García Cabeza de Vaca como secretario de la Comisión de Energía en el Senado– de “extorsionarlo y presionarlo”.
Las imputaciones de Lozoya incluyen nombres de legisladores que se beneficiaron con sobornos de Odebrecht a “cambio de su voto” a favor de la aprobación en el Congreso de la Reforma Energética en 2013.
Es factible que la primera querella se quede más bien en el ámbito político; por lo que atañe a la que se le sigue en Estados Unidos, el director de HSI en el Valle de Río Grande –dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas–, Kevin W. Benson, integra un expediente sobre el gobernador de Tamaulipas, según alerta a Proceso una fuente cercana de los servicios de seguridad estadunidenses que operan en McAllen.
Benson es quien encabezó la investigación sobre Tomás Yarrington, la cual forma parte de las acusaciones que se integraron para acusar al exgobernador de Tamaulipas por diversos delitos para finalmente capturarlo en Italia y extraditarlo a Estados Unidos.
Los agentes del HSI comandados por Benson ya investigaron a García Cabeza de Vaca hace tres años, antes de iniciarse el programa entre Texas y Tamaulipas denominado Campaña por la Seguridad y la Prosperidad, una iniciativa para combatir el narcotráfico en la cual participaron policías de ambas entidades, así como agencias de seguridad estadunidenses.
Es factible que la nueva investigación de Benson contra Cabeza de Vaca esté relacionada con una información que publicó la semana pasada el portal Animal Político, según la cual la DEA entregó a la FGR grabaciones telefónicas “que indican que el mandatario tamaulipeco podría haberse beneficiado de presuntas ganancias del crimen organizado”.
Benson deberá confirmar si Cabeza de Vaca recibió fondos para su campaña y se beneficia de los negocios de un discreto empresario de Reynosa, “contratista de Pemex”, acusado de contrabando de combustible y de estar relacionado con Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, el empresario favorito de Enrique Peña Nieto.
La percepción en el debate nacional sobre las acusaciones de Lozoya contra el gobernador de Tamaulipas y otros personajes del PAN es que esos señalamientos tienen más tintes políticos que legales para el gobernador Cabeza de Vaca, debido a que no se están respetando los procedimientos para una acusación formal.
“Para procesar legalmente al gobernador se requiere no sólo una acusación, sino que haya una carpeta de investigación con las pruebas presentadas en su contra”, comenta el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, quien encabezó la defensa del exgobernador Eugenio Hernández en la demanda contra su extradición a Estados Unidos.
“Como todo ciudadano, por premisa, en México se presume inocente. Y debido a su investidura primero deberá ser desaforado para poderlo juzgar”, dice al reportero.
Admite que de confirmarse con pruebas la acusación de Lozoya, García Cabeza de Vaca puede ser acusado por el delito de “cohecho” o “ejercicio indebido del servicio público”.
Las imputaciones que se han hecho públicas, así como los comentarios de presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura Olvera Reyes, “politizan y contaminan” el procedimiento legal y violan códigos de procesos penales del debido proceso establecido en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Y añade: si López Obrador exige, como si fuera un ciudadano común, que se muestren los videos proporcionados por Lozoya y que se exhiban por todos los medios, está distorsionando el debido proceso.
Los Cantú Barragán
Una de las principales empresas de Cantú Barragán es Transportes Internacionales Tamaulipecos SA de CV (TITSA), la cual acapara los contratos de Pemex en el ramo del transporte de combustibles.
Según la plataforma digital Contratobook, TITSA tiene alrededor de 600 contratos con Pemex por un monto de 2 mil 154 millones 768 mil 498 pesos con 55 centavos; algunos terminaron en 2018 pero otros están vigentes y son por 50 años.
Los integrantes de la familia Cantú Barragán son dueños de una empresa de transporte en Pharr, Texas, así como de hoteles en el sur de ese condado y de una mansión en el lujoso fraccionamiento El Cimarrón de Mission, donde tiene su residencia la madre del gobernador tamaulipeco.
Rolando Cantú Barragán, hermano de Javier, es propietario de Transportaciones y Construcciones de Tamaulipas, “una de las empresas más beneficiadas con contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”; también es la constructora oficial del gobierno de García Cabeza de Vaca.
Serapio, otro de los hermanos Cantú Barragán, es considerado el pionero en el negocio del robo de combustible a Pemex, en el cual presuntamente está asociado con el crimen organizado.
Durante la crisis del desabasto de enero de 2019, ya en el gobierno de la Cuarta Transformación, Pemex contrató a TITSA para el traslado de combustibles desde Pharr a la zona metropolitana de Monterrey.
Proceso solicitó formalmente una entrevista con el gobernador de Tamaulipas para conocer su opinión sobre los señalamientos en su contra, pero hasta el cierre de esta edición el Departamento de Comunicación no había respondido.
